Preocupado por aliviar el malestar social que está causando la recesión prolongada y el desempleo masivo, el Gobierno, a través del ministro Guindos, anunció ayer que está negociando con las entidades financieras un esquema de protocolos y buenas prácticas bancarias para limitar los desahucios. No es un problema menor, porque el número de casos de desalojos de viviendas derivado de impagos supera ya los 150.000 y cada uno de ellos se convierte en un doloroso recordatorio de la incapacidad política para aumentar la actividad y el empleo. El conjunto de propuestas de Guindos incluye un abaratamiento de los intereses moratorios (un cambio que no requiere estrictamente el acuerdo bancario); la recomendación de que una vez declarada la incapacidad para pagar la hipoteca, en casos de familias con todos sus miembros en paro, se demore durante dos años el desalojo; la sugerencia de que los primeros pagos realizados reduzcan el capital en lugar de los intereses; y, en algunos casos, la dación del inmueble.